16/08/2025
Vivimos en un tiempo en el que cualquier persona tiene acceso inmediato a un sinfín de fuentes de información: buscadores web, redes sociales, canales de video, inteligencia artificial y por supuesto, los medios tradicionales como radio, televisión y prensa.
Disponiendo de estos múltiples recursos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que, con tanta información disponible, proliferen discusiones sobre asuntos fácilmente verificables?
Entiendo que algunos programas de tertulia fomenten la división de opiniones (a veces por espectáculo, otras por seguir una línea editorial que refuerce los sesgos de su público). Lo que me resulta más difícil de comprender es cómo millones de personas asumen y difunden bulos con total seguridad, llegando incluso a proclamarlos en redes sociales como si fueran verdades absolutas, auténticos dogmas de fe incuestionables, cuando tienen la información a unos clics de sus pantallas.
Un ejemplo reciente de este fenómeno, que afecta a mi pequeña área de conocimiento, lo encontramos en un bulo muy extendido desde la DANA en Valencia, emergencia en la que participé como voluntario durante nueve días. Me refiero a la frase de Pedro Sánchez: “Si necesita más recursos, que los pida”. Lo que supuso que algunos ministros y medios afines dijesen que la culpa de no activar el nivel 3 de la emergencia y por lo tanto que el Estado gestionase la Emergencia con todos sus recursos era de la propia Comunidad Valenciana. Este falso argumento se ha mantenido en el tiempo, y aún hoy escuchamos voces que reclaman que las Comunidades Autónomas activen el nivel 3 de emergencia
con los incendios forestales.
Sería suficiente con consultar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En su capítulo VII, artículo 29, se especifica que la declaración de interés nacional corresponde al Ministerio del Interior, ya sea por iniciativa propia o a propuesta de las CCAA o de los Delegados del Gobierno.
Realmente, cuando dicha declaración es iniciativa del Ministerio, debe comunicarse a la Comunidad Autónoma afectada, pero nunca se indica que se requiera una solicitud previa de la Comunidad Autónoma.
En el caso del Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, se establece que la Situación 3 corresponde a Emergencias declaradas por el Ministro del Interior cuando está en juego el interés nacional. Lo mismo ocurre en otros planes, como el INFOEX de Extremadura para Incendios forestales: los de nivel 3 dependen también del Ministerio. Desconozco que exista algún plan de emergencia donde declarar el nivel 3 sea exclusivo de la Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, no se trata de que el Gobierno de España renuncie a asumir el control por falta de solicitud de las comunidades autónomas; se trata de una competencia que corresponde al propio Gobierno, a través del Ministerio del Interior, cuando se considera que el interés nacional puede verse comprometido.
El verdadero debate no debería girar en torno a si una Comunidad pide o no el nivel 3, sino en por qué el Gobierno no lo activa. Y ahí surge otra reflexión: quizás sea misma razón por la que en su momento cedió la gestión de la COVID-19 a las CCAA, la gestión de los desastres no dan votos, siempre hay afectados y decisiones que recriminar, aunque sea por parte de personas que ni se molestan en gastar unos minutos en verificar la información de sus afines ideológicos.
✍️ Alejandro Díaz Garcia-Longoria
